Inés Montarcé
La extinción de Luz y Fuerza del Centro decretada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa el 11 de octubre de 2009, desató un conflicto laboral con amplias repercusiones en el ámbito legal y político al afectar la fuente de empleo de 44,000 trabajadores. Este hecho tenía como objetivos profundizar la privatización del sector eléctrico y desmantelar las conquistas adquiridas por el Sindicato Mexicano de Electricistas a lo largo del siglo xx. Después de un largo proceso jurídico y de intensas luchas en el plano político, la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitimó la medida adoptada. Este texto problematiza las sentencias judiciales emitidas y analiza su trasfondo social y político.