Mayela Delgadillo
La Constitución Política de la Ciudad de México es el documento producto del mejor acuerdo posible alcanzado entre los partidos políticos. Pese a esto y por ser una Ciudad proclive a defender los derechos sociales, se elevó el costo político de intentar frenar demandas fundamentales para todos los ciudadanos como es la revocación de mandato, eliminación del fuero, la no criminalización del aborto o nuevos derechos como la renta básica. Sobre todo porque la mayoría de los partidos y diputados constituyentes tenían el cálculo político puesto en 2018 y la CPCM era un eslabón. Con justa razón, señalada como antidemocrática, poco representativa, ilegítima y producto de los partidos, forma parte del proceso hacia la construcción de una mejor Ciudad y un mejor país. ¿Defender lo ilegal o ir por algo nuevo a riesgo de no lograrlo? He ahí el dilema ciudadano de esta Constitución.