Ariadana Estévez
México está en medio de una crisis de derechos humanos provocada por la violencia de la guerra contra el narcotráfico. Las masacres recientes en las que se ha comprobado la participación de las fuerzas del Estado, al igual que la de los criminales, indican no sólo un grado de corrupción y descomposición político-administrativa de proporciones gigantescas, sino que la administración de la muerte para el control del capital criminal es sistemática y cada vez más generalizada. El resultado concomitante de la crisis de derechos humanos es un sufrimiento individual y colectivo de proporciones abrumadoras. Con base en el marco de la gubernamentalidad y la necropolítica, el artículo argumenta que el Estado ha implementado políticas públicas encaminadas a administrar, en vez de prevenir o erradicar el sufrimiento que esta violencia ha provocado, a través de diversas tecnologías de control que pretenden la regulación de la agencia política de víctimas, defensores, periodistas y miembros de organizaciones civiles (OC) para la despolitización de su activismo. Estas políticas integran lo que se denomina aquí el dispositivo de administración del sufrimiento.