Miguel Concha
Durante sus movilizaciones, la sociedad mexicana ha denunciado al unísono que el Estado en su conjunto es el responsable de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero. Y pensamos que así es, porque de acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, las que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto toma relevancia puesto que en este caso se trata de verdaderos delitos de lesa humanidad: las ejecuciones y detenciones arbitrarias, las torturas, los tratos crueles e inhumanos y las desapariciones forzadas son calificadas con esta nomenclatura en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos ratificados por México.